En Turquía, los ambientalistas denuncian la adopción de la ley de "supersaqueo" para acelerar proyectos mineros y energéticos.

La movilización de miles de agricultores y aldeanos en los últimos meses no ha surtido efecto. Tampoco lo han hecho las advertencias de los expertos ambientales ni la huelga de hambre iniciada por una docena de activistas la semana pasada en Ankara, en el pequeño y sombreado parque Cemal Süreya, situado cerca de la Asamblea Nacional Turca.

Tras cuatro días de acalorado debate, los diputados de la mayoría presidencial islamoconservadora aprobaron, la noche del sábado 19 de julio, los veintiún artículos de una ley que abre las tierras agrícolas, incluyendo olivares y bosques, a la minería. Esa misma mañana, en lo que pareció un último intento, todos los diputados de los distintos partidos de la oposición intentaron interrumpir la votación ocupando la tribuna parlamentaria. En vano. Miembros del partido gobernante, el AKP, impulsor del proyecto de ley, y su aliado ultranacionalista de extrema derecha, el MHP, no dudaron en enfrentarse a golpes antes de la votación final.

La ley, que forma parte de una serie de iniciativas legislativas del AKP destinadas, según sus autores, a la desregulación para impulsar el crecimiento, ha sido motivo de preocupación entre los ambientalistas durante muchos meses. Denominada por sus predecesoras recientes como la "ley del superexpolio", es la culminación de más de diez proyectos legislativos similares presentados ante comisiones parlamentarias en los últimos años y previamente rechazados o retirados.

Te queda el 70,15% de este artículo por leer. El resto está reservado para suscriptores.